Racismo Institucional

 No es infrecuente encontrarnos en nuestro entorno de trabajo casos de racismo institucional, tan sutiles como visibles. El caso que aquí queremos comentar es el de las mayores dificultades que se imponen a poblaciones migrantes en su relación con las Administraciones Públicas, en comparación a ciudadanos españoles (y que cumplen con el estereotipo de español, independientemente de si tienen la nacionalidad o no). 

Por ejemplo, un caso muy común a la hora de hacer un trámite es el de la caducidad del documento de identidad. Por un lado, hay una tendencia a ser más tolerante con la caducidad del documento a personas portadoras del DNI frente a otras que cuentan con NIE, haciendo la vista gorda para un trámite en cuestión con una persona que tiene caducado el DNI pero impidiéndole el mismo trámite a una que tiene el NIE, siendo necesario que el documento esté en vigor en ambos casos. Incluso a veces, podemos observar como se presta más atención a la caducidad del documento a las personas que cuentan con NIE mientras se da por hecho en las que cuentan con DNI. Esto supone que las personas que tienen NIE, a parte de la mayor lentitud en la renovación del documento y situación más precaria en la estancia de estas personas, padezcan una dificultad mayor a la hora de hacer sus trámites en las diferentes administraciones públicas.

Esto es un claro ejemplo de discriminación indirecta, ya que partiendo de que en ambos casos (con DNI o NIE) la persona al hacer un trámite tendría que tenerlo en vigor, se tiende a ser más estricto en los casos que la persona es portadora de NIE. Esto se debe ya no solo a prejuicios de origen racial hacia la persona portadora del NIE, sino también a una menor empatía o desconfianza con la persona, haciendo una función semi-represiva por no tener la documentación en vigor. Casi podríamos decir que se trata de una discriminación positiva pero mal aplicada, ya que se desenvuelve hacia el colectivo que tiene mayores facilidades a la hora de relacionarse con la Administración, desde una situación más estable, a una menor dificultad para la renovación del documento y una mayor integración en el entorno.

La dificultad para solucionar esta problemática es la dificultad añadida que se crea al usuario a la hora de relacionarse con la Administración Pública, ya que se trata de un trámite legal para muchos procedimientos pero que se exige de manera desigual. Nos encontramos con que hay una mayor empatía hacia las personas a las que nos parecemos mientras que a las personas racializadas se les suele acusar de "venir aquí por las ayudas sociales", "que se las saben todas", etc. A parte de que la solución es multidisciplinar (celeridad en la tramitación del NIE, por ejemplo) hay que incidir en la formación en igualdad de los funcionarios públicos, concienciando y empatizando con las personas migrantes para impedir tratos diferenciados frente a las personas "nacionales".